Las cifras no mienten y desmontan el relato del Gobierno de Gustavo Petro. Según la Fundación Ideas para la Paz, hoy Colombia tiene 27.000 integrantes de grupos armados ilegales, un 20 % más que hace un año. Este no es un detalle técnico: es la prueba de que la llamada “paz total” fracasó y que el Estado está retrocediendo frente al crimen.
Mientras el Clan del Golfo crece un 30 % y las disidencias de las FARC se expanden por el territorio, Petro y sus aliados políticos —entre ellos Iván Cepeda— siguen defendiendo una estrategia que premia al ilegal y debilita la autoridad. Cepeda ha sido uno de los principales promotores de esta visión: una política que confunde negociación con rendición y diálogo con permisividad.
Desde Medellín y desde los territorios sabemos que la seguridad no se construye con discursos ni con concesiones a quienes empuñan las armas. Se construye con Estado fuerte, Fuerza Pública respaldada y reglas claras. Petro y Cepeda han hecho exactamente lo contrario: han relativizado el orden, han cuestionado a las instituciones y han dejado a los ciudadanos a merced de estructuras criminales cada vez más poderosas.
Esto ya no es un debate ideológico, es un juicio político y electoral. Los hechos demuestran que el proyecto de Petro y Cepeda está fallando y que Colombia está pagando el costo. Yo lo digo sin rodeos: sin autoridad no hay paz, sin seguridad no hay libertad y sin orden no hay futuro. Por eso seguiré denunciando este fracaso, porque la seguridad de los colombianos no se negocia y el país no puede volver atrás.