La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de dejar por fuera a Iván Cepeda de la consulta del 8 de marzo y de revocar la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá no es un accidente técnico: es el reflejo de un proyecto político que se ha convertido en sinónimo de desorden e improvisación.
La izquierda colombiana, encarnada en el Pacto Histórico, ha demostrado una incapacidad estructural para respetar sus propios procesos y las normas electorales que rigen cualquier democracia razonable.
Cepeda, símbolo de la ortodoxia petrista, no puede ahora invocar victimización. La razón no es arbitraria: ya participó en un mecanismo similar el año pasado, y el CNE simplemente aplicó las reglas que rigen para todos los partidos.
Pero más allá del tecnicismo jurídico, el hecho de que un actor tan prominente quede fuera de la principal consulta opositora desnuda la fragilidad de un proyecto que se creyó dueño de la política colombiana sin entender que el Estado de derecho es transversal y no tributa a caprichos ideológicos.
Peor aún es la invalidación de la lista a la Cámara por Bogotá. Ese tipo de tropiezos no son errores aislados, sino manifiestaciones de un movimiento político que no tiene disciplina interna ni coherencia organizativa.
Cuando una fuerza política pierde la brújula, confunde cuotas con representatividad y termina estrangulando su propia capacidad de competir en igualdad de condiciones, deja de ser alternativa y pasa a ser espectáculo.
Frente a ese desorden, la derecha tiene una oportunidad histórica: demostrar que gobernabilidad y respeto por las instituciones van de la mano.
No se trata de celebrar decisiones del CNE, sino de reivindicar que las reglas electorales —a diferencia de los dogmas ideológicos— protegen la competencia, la transparencia y la representatividad real de los ciudadanos, no de élites que creen que su prédica basta para reemplazar estructuras.
Si el Pacto Histórico no logra entender este mensaje, estará condenado a fragmentarse aún más y a pagar el precio político en las urnas.
La política colombiana necesita oposición, pero una oposición que respete las reglas y compita limpiamente, no una que pretenda usurpar la legalidad para consolidar un proyecto personalista y fracturado. Eso, precisamente, es lo que acaba de quedar en evidencia.