A febrero de 2025, la cifra llegó al 123 %. Más de 1.200 personas privadas de la libertad en espacios diseñados para 600. Esa realidad desborda la capacidad institucional, debilita la seguridad y alimenta la sensación de impunidad.
Por eso defiendo con claridad la construcción de la cárcel metropolitana para sindicados en el corregimiento San Cristóbal. Y lo subrayo: es una cárcel para personas sindicadas, no para condenadas.
Su propósito es técnico y específico: recibir a quienes están en proceso judicial y hoy permanecen en estaciones de policía que no fueron diseñadas para reclusión prolongada.
Cuando una estación se convierte en cárcel, la Policía pierde capacidad operativa. Se afectan los patrullajes, la prevención y la reacción frente al delito. Corregir esa distorsión fortalece todo el sistema de seguridad en Medellín.
La nueva infraestructura tendrá capacidad para 1.339 personas sindicadas, distribuidas en pabellones de cuatro niveles. Actualmente la obra presenta un avance del 10 %.
La inversión asciende a $675.000 millones bajo un modelo de asociación público-privada (APP), lo que garantiza estándares técnicos de construcción y operación. Se proyecta que la cárcel para sindicados entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2027.
El esquema financiero también es claro: a partir de la entrega, el Distrito aportará alrededor de $60 mil millones anuales mediante vigencias futuras durante aproximadamente 12 años, hasta completar el pago al privado.
Es una decisión responsable, con planeación de largo plazo y sostenibilidad fiscal.
Además, la obra ya genera 297 empleos y la meta es alcanzar 500 en 2026. Seguridad y desarrollo pueden ir de la mano.
Mi posición es firme: la crisis carcelaria en Medellín no se resuelve con discursos, sino con infraestructura, orden institucional y decisiones claras. Esta cárcel para sindicados es una respuesta estructural al hacinamiento, una herramienta para fortalecer la seguridad y un mensaje contundente para quienes delinquen.
En esta ciudad, la autoridad no puede titubear. Medellín necesita orden, necesita capacidad institucional y necesita que la justicia funcione. Esa es la ruta.