La visita de Gustavo Petro a Donald Trump dejó en evidencia una verdad incómoda: la política antidrogas del gobierno colombiano es hoy el principal punto de quiebre en la relación con Estados Unidos. Mientras Washington exige resultados, Colombia ofrece discursos. La producción de coca sigue en aumento, los grupos armados se fortalecen y el Estado retrocede en control territorial. No es un problema de narrativa internacional; es un fracaso real de política pública.
Petro desmontó sin reemplazo efectivo una estrategia que, con errores, al menos contenía el crecimiento del narcotráfico. Su apuesta ideológica —suspender la erradicación, relativizar la extradición y romantizar a los criminales bajo la “paz total”— terminó premiando a las mafias. Hoy Colombia es vista como un socio poco confiable en la lucha contra las drogas, y eso tiene consecuencias económicas, diplomáticas y de seguridad.
Este fracaso no es solo de Petro como individuo, sino de todo su proyecto político, el mismo que Iván Cepeda pretende heredar y profundizar. La continuidad de ese modelo pone en riesgo la estabilidad institucional del país y abre la puerta a sanciones, aislamiento internacional y mayor captura criminal del Estado. Lo que está en juego no es una elección más, sino la credibilidad misma de Colombia ante el mundo.
Frente a este panorama, la derecha en Colombia no es una opción ideológica: es una necesidad histórica. Se requiere liderazgo con autoridad, cooperación internacional sin complejos y una política antidrogas basada en resultados, no en consignas. La seguridad no se improvisa, la soberanía no se declama y el Estado no puede rendirse ante el crimen. Petro ya falló; insistir en su legado sería un error que el país no puede pagar.